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Reflexiones para un Programa Económico Inclusivo

Quito, 17 de enero de 2018

Señor Licenciado

Lenín Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Presente.-

Ante la situación de deterioro de la economía, la producción y el empleo y la consiguiente pérdida de bienestar de las grandes mayorías de trabajadores, empleados públicos, campesinos, pobladores de los inmensos barrios

populares de las ciudades, estudiantes, amas de casa, pescadores, indígenas, profesionales, empresarios, productores de cooperativas, comunas, mutuales, emprededores, jóvenes y desempleados angustiados por la inexistencia de oportunidades, pongo a su disposición y a la de la ciudadanía las siguientes reflexiones y propuestas.

1. El Ecuador, uno de los países megadiversos del planeta, es abundante en recursos naturales de todo tipo: biodiversidad, paisajes, bosques, fuentes acuíferas, páramos, playas, riqueza marina, tierras útiles para la producción de alimentos y materias primas, fuentes minerales y petroleras, su localización geográfica en el planeta. Es rico en recursos construidos, como son las hermosas ciudades de Quito y Cuenca declaradas patrimonio de la humanidad, y muchas otras riquezas patrimoniales. La mayor riqueza, sin embargo, es su cultura, de la cual son portadores los habitantes de las cuatro regiones, que destacan por su laboriosidad, diversidad, conocimientos y sabiduría ancestral, muy poco valorada en ámbitos esenciales como la salud, la nutrición, el arte y el cuidado de la naturaleza y la vida.

2. Los intereses inmediatos de gobiernos, grandes empresas petroleras y poderosos bancos internacionales han actuado para configurar un modelo altamente dependiente de la extracción petrolera, en desmedro de la naturaleza, la biodiversidad y la propia diversificación productiva y tecnológica. Ahora esos intereses pueden extenderse peligrosamente hacia otras áreas como la minería y la multiplicación de factorías pesqueras foráneas en el sensible ecosistema del Archipiélago de Galápagos. El extractivismo, siempre ha venido de la mano, con el endeudamiento y el rentismo, cuya cara más odiosa es la corrupción: o sea el uso ilegal e ilegítimo del poder público para el enriquecimiento de quienes lo ejercen.

3. Hace poco más de diez años, el país asistió esperanzado a un proceso social, como resultado de la movilización de indígenas, trabajadores, pobladores, intelectuales y movimientos sociales democráticos, que le propuso a la ciudadanía una revolución en lo político, económico, educativo y ético. Ese proceso tuvo un momento muy elevado de participación ciudadana, profundamente democrática y popular en la Asamblea Constituyente de Montecristi y en la aprobación mediante Referéndum de la Constitución de la República en septiembre de 2008. Como resultado de ese ejercicio de democracia avanzada se definió que “el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir” (Art. 283). Y de igual forma señala que uno de los objetivos de la política económica es “mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo” (Art. 284, Num. 7).

4. Usted Señor Presidente ha señalado claramente que la mesa que le dejó el anterior gobierno “no está servida”. Pues, entre la retahíla de problemas que hereda destacan:

a. La elevadísima necesidad de financiamiento del Presupuesto (alrededor del 8 % del PIB);

b. Una estructura de endeudamiento externo e interno que provoca una enorme presión fiscal y dificulta el uso soberano del recurso petrolero;

c. El retraso en el pago a proveedores, sobre todo los pequeños y medianos que los ha llevado a la quiebra o amenaza con hacerlo;

d. La aprobación de la Ley de Plusvalía que profundizó la crisis del sector de la construcción, altamente generador de empleo;

e. La incomprensible postergación del sistema de dinero electrónico que aunó a la campaña de desprestigio que realizó la banca privada; y privó a los ciudadanos que no tienen cuentas en los bancos o cooperativas (alrededor

de 45 % de la población no “bancarizada”) de acceder a beneficios financieros oportunos y al Banco Central de contar con una herramienta de gestión de la liquidez –necesaria para fortalecer la dolarización-;

f. La instauración de un esquema de gasto e inversión pública que excluyó a amplios sectores productivos privados, cooperativos, comunitarios de los beneficios de las enormes rentas petroleras que recibió el gobierno y que profundizaron el carácter monopólico y oligopólico de la economía;

g. El retiro del 40 % de aporte que antes del 2015 realizaba el Gobierno al IESS, agudizando su crisis actuarial y financiera. Las actuales autoridades han señalado que tendrán que usar las reservas de la institución para afrontar

los gastos, sobre todos los de salud, donde el déficit para el 2018 bordea los 2.000 millones de dólares;

h. La dramática postergación del agro, sobre todo de los productores pequeños y medianos, con la consecuente consagración de la pobreza rural (41 % a junio de 2017 según el INEC), la inseguridad alimentaria, la caida de la

competitividad y la debilidad de sectores capaces de producir para el mercado internacional, contribuyendo a un déficit permanente de la balanza comercial no petrolera (-3.344,9 millones de dólares, para el período enero - noviembre del 2017, según el BCE);

i. Solamente 48,7 % de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado y 5,36 % está en desempleo (datos del BCE a septiembre de 2017). Eso significa que más del 50 % de quienes pueden y quieren trabajar no lo hacen de manera adecuada, es decir están excluidos del empleo digno. Esta problemática se vuelve más dramática cuando hay hogares con más de uno de sus miembros en esta situación o con largo tiempo en esta condición, pues el desempleo y el mal empleo son caldos de cultivo para la violencia intrafamiliar, la delincuencia, la enfermedad física y mental y el riesgo de alcohol y drogas para las personas.

j. La corrupción más allá de un problema ético y moral, es también un problema económico, pues ha significado el desvío de recursos que pueden ser usados para inversión social hacia la constitución de patrimonios mal habidos de funcionarios públicos o de personas que han usado el poder para enriquecerse. Es difícil calcular cuál es el monto de este perjuicio, pero sin duda es elevado ya que está directamente relacionado con los elevados montos de recursos que han sido asignados para la inversión y las compras públicas.

5. Frente a esta situación hay sectores económicos interesados en instalar en la opinión pública la idea de que la alternativa está entre: mantener el camino de conducción del último período de gobierno de Rafael Correa o el camino del “ajuste y la estabilización”. El uno claramente insuficiente y disfuncional; el otro ya probado en el Ecuador y América Latina en los años ochenta y noventa, y en algunos países de Europa (Grecia, el más dramático, a partir del 2010) y que han conducido a un mayor deterioro del empleo, la producción y la paz social. Esa alternativa es falsa y no porque se repitan con mayor altisonancia en medio de un momento de campaña política, se vuelve verdadera. Tanto el un camino, como el otro, resultan inadecuados para alcanzar los objetivos de producción, empleo y estabilidad económica, en el sentido que lo define la Constitución y el espíritu de Montecristi.

6. Los grandes objetivos de producción, empleo y bienestar, que son los objetivos económicos básicos, se alcanzarán mediante una política económica que ponga en orden las prioridades en su accionar y que articule la política macroeconómica (fiscal y monetaria) y la política productiva. De ahí que es imprescindible diferenciar los instrumentos de los objetivos; y entonces usar las herramientas que el gobierno tiene a su disposición.

7. Fortalecer la dolarización es un medio para que los hogares, las empresas y en general las unidades productivas puedan programar adecuadamente sus decisiones económicas de consumo e inversión. Es un medio para evitar el deterioro de la moneda mediante las devaluaciones y con ellas la caída de los ingresos reales. Es un medio que contribuye a tener una inflación baja y a mantener el poder de compra, sobre todo de empleados y trabajadores y personas más vulnerables. Por ello, es indispensable coadyuvar a su fortalecimiento a través de una adecuada gestión de la liquidez de la economía, que es tarea del Banco Central; resguardar la cadena de pagos; incrementar las reservas internacionales; mantener la sanidad del sistema financiero; facilitar la captación y colocación de recursos; utilizar instrumentos innovadores como el dinero electrónico; ampliar la inclusión financiera de sectores no bancarizados; impulsar los sectores productivos que generan divisas; mejorar la competitividad para usar favorablemente el tratado de libre comercio con la Unión Europea y preparar la economía para nuevos tratados comerciales, siguiendo la lógica en la que los caballos estén delante de la carreta y no a la inversa, como pregonan algunos voceros campeones de la apertura indiscriminada de la economía.

8. Priorizar el gasto público es un medio para que se alcance una eficaz redistribución del ingreso, se asignen recursos con eficiencia, se logre abatir la pobreza y se busque la justicia social. Al priorizar el gasto público se puede destinar los recursos de la sociedad, los cuales provienen de los impuestos, el endeudamiento o la exportación de petróleo, a inversión en educación, salud, protección y seguridad. Se evita el gasto dispendioso, las inversiones y compras públicas sobrevaloradas o superfluas. Se traza un sendero de equilibrio entre los ingresos y los gastos, sin jugarretas legales que alteren formas de cálculo y que pretendan subsanar en el campo de la leguleyada lo que no se atina con una buena política económica. Se precautelan los dineros públicos frente al azote de la corrupción; y se reconoce de forma pragmática que, en una sociedad esencialmente injusta, hay quienes requieren subsidios directos para poder vivir y solamente a ellos se deben asignar esos recursos, no con

el cálculo de la clientela, sino con el derecho a una vida digna. Se usa el gasto público como instrumento contra-cíclico para favorecer la reactivación de la economía, con la equilibrada participación del sector privado y de la economía social y solidaria; y no como un medio para la asignación de dineros a los buscadores de rentas estatales.

9. Reducir el esfuerzo fiscal para el pago de la deuda, permite mejorar la asignación de recursos hacia prioridades productivas y sociales. Esto se logra mejorando el perfil de plazos, montos y costo del dinero, que en algunos casos requerirá de una negociación con acreedores; y en otros mediante nuevo endeudamiento con mejores condiciones. Es indudable que la herencia del anterior gobierno es insostenible en el ámbito fiscal. Las prácticas de esconder o maquillar cifras –que ahora se denuncian hasta en organismos como el Banco Mundial para el Chile de Bachelet- son perniciosas. Se requiere transparencia en toda la información económica. Se requiere disminuir el déficit y la necesidad de financiamiento. Sin embargo, hacerlo de manera violenta, con disminuciones drásticas de gastos e inversiones y con la expulsión de empleados y trabajadores públicos, no solo que no resolvería el problema, sino que lo agravaría. Es necesario trazar un sendero de disminución sostenible, el cual se va a alcanzar más fácilmente, sin trauma social y sin alterar la paz social, si va de la mano con una política sostenida de desarrollo y crecimiento productivo.

10. Ampliar las oportunidades de empleo, impulsando la inversión y el crecimiento. Para ello es necesario realizar un conjunto de acciones de política productiva que incluyen asignación de crédito barato y oportuno, a través de una banca pública que hasta ahora ha sido poco competente, para los sectores que producen bienes y servicios para la exportación, la seguridad alimentaria y la agroindustria. Creación de mecanismos de garantía de crédito a productores privados del sector popular y solidario, sobre todo a los afectados por el terremoto en Esmeraldas y Manabí. Simplificación de trámites y trabas para la operación de todo tipo de unidades productivas. Eliminación de aranceles y medidas para arancelarias para insumos, equipos, maquinaria y en general bienes de capital orientados a la producción. Desarrollo de proyectos de inversión local altamente generadores de empleo, en ámbitos como: protección de páramos y fuentes de agua, reforestación, construcción de vías rurales, canales de riego, infraestructura de comercialización, construcción y reparación de viviendas, puertos para pesca artesanal, entre otros.

11. En la Constitución de Montecristi se reconoció que una de las formas de organización económica es la popular y solidaria. Tan importante como la privada, pública y mixta. Por tanto, hay que pasar del discurso a las acciones que fomenten y fortalezcan este importante sector de la economía. Buena parte del empleo y la producción de bienes y servicios, sobre todos los que consumen los sectores de menor ingreso, provienen del ámbito de la economía popular y solidaria. De ahí que, acciones orientadas a fortalecer los sistemas de microfinanzas, producción cooperativa y comunitaria, legalización de patrimonio (sobre todo rural), contratación y compras públicas con discriminación positiva hacia ese sector, van a contribuir. Un órgano de control que tenga como agenda liquidar cooperativas, modernizar a estas de manera forzosa o regular con rasero de empresa privada, no solo que no ayuda, sino que deteriora a este ámbito que, sobre todo en época de recesión, es refugio de hogares y trabajadores expulsados por la economía moderna pública o privada.

12. En los últimos diez años ha existido un importante aumento del capital social, sobre todo de infraestructura vial e hidroeléctrica. Sin perjuicio de criticar y esclarecer sobreprecios y desvíos en las contrataciones de esas obras, el Ecuador del 2017 cuenta con ese valioso stock de capital. Sin embargo, ese capital de poco vale, si no

se ejecutan acciones que permitan su puesta en valor. Carreteras por las que no circulen productos en magnitudes correspondientes. Hidroeléctricas que no redunden en menores costos de la energía, son capital desperdiciado. Por ello, junto a las líneas de política ya esbozadas, es necesario el impulso de inversiones complementarias bajo sistemas de acuerdo público privado. Inversiones coordinadas con gobiernos locales. Inversiones a realizarse con nuevo endeudamiento de mejor perfil. No es cierto que hay que parar todo endeudamiento y todo gasto e inversión pública. Hay que hacerlo de forma que estas herramientas permitan desplegar toda la capacidad productiva de la sociedad: de empresas, cooperativas, comunas indígenas y campesinas, gobiernos locales, gobierno nacional. La salida de la recesión es con más producción. Menos trámites, racionalidad en los impuestos, transparencia y ética en el gasto, pilares esenciales con los que Usted está comprometido se convierten también en herramientas de política económica.

Señor Presidente, no se puede entrar al futuro siguiendo el sendero que muestra el retrovisor. La alternativa para salir de la recesión solo será sostenible si incluye en ella a los más, a los de abajo, a las fuerzas que empujan la historia. No hay libertad sin justicia social, ni justicia social sin libertad. No hay democracia política, sin democracia económica. No hay desarrollo y crecimiento sostenibles sin inclusión social. La alternativa para el Ecuador solo puede ser de futuro. Usted tiene la posibilidad de demostrar que la economía si puede estar al servicio de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables y reiterar la enseñanza que la mayor coherencia es la de los hechos.

Atentamente,

Diego Borja Cornejo

Perfiles

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