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“Modernización laboral”, recortes y depresión auto-inflingida

 

Por Pedro Páez Pérez

 

Luego de un cuarto de siglo, sometidos a un recetario nefasto y presentado como única alternativa “técnicamente” posible, el resultado es que, sistémicamente, el ritmo de crecimiento del PIB estuvo por debajo del de la población. 

 

Desde 2005 vivimos un gradual e inestable proceso de cambio de régimen de acumulación que no solo ha permitido que el PIB per cápita crezca sostenidamente (a pesar de las fluctuaciones, sobre todo fruto de la volatilidad internacional) sino también que hayan emergiendo incipientes resortes endógenos de desarrollo, basados en la redistribución del ingreso, la inversión y la instalación de dinámicas específicas en un mercado interno en expansión.

Sin duda, el impulso dado por el formidable crecimiento chino (y asiático, en general) a las exportaciones de commodities ha jugado un papel central en la recuperación de la última década. No obstante, resultaría equivocado y peligroso exagerar este factor, porque nos cegaría respecto a las alternativas que tenemos aquí y ahora para enfrentar las dificultades económicas de la coyuntura abiertas por la convergencia de la caída de los precios del petróleo desde 2014 (y que se ha superado: más del 50% de aumento en el último año).  

El credit crunch provocado por la gran banca y la agenda continental de restauración conservadora pretende sumir al continente latinoamericano en un nuevo ciclo de endeudamiento, ajustes, destrucción de fuerzas productivas y desinstitucionalización.

Las condiciones externas actúan a través de las internas y son éstas las determinantes. Sin transformaciones estructurales internas, los efectos positivos del escenario mundial solo enriquecen a unos pocos actores, mayoritariamente extranjeros y se profundiza el desarrollo del subdesarrollo. De hecho, la tendencia de la caída de los términos de intercambio empieza a invertirse desde fines del siglo anterior, pero el país no lo pudo aprovechar por el estallido de crisis bancaria provocada por las políticas de desregulación impuestas por el FMI, el Banco Mundial y otros organismos financieros regionales (con un cóctel explosivo que había ya provocado crisis financieras en toda América Latina y otras partes del mundo como lo habían previsto y luego denunciado incluso economistas monetaristas como Donald McKinnon desde los años 80).[1] 

 

Más aun, el aumento de los precios nominales del petróleo en lo que va del milenio (que en términos reales no llegaron a los niveles que tuvieron hasta entrados los años 80), no hubiese tenido efectos positivos internos de no ser por el giro nacionalista de la política de recursos naturales que se dio con la Ley 42 de marzo del 2006.[2] Previamente, y precisamente aprovechando el desasosiego provocado por la quiebra de la banca corrupta, quienes dirigieron la política petrolera del gobierno de Mahuad redactaron una Ley de Hidrocarburos que cambiaba el parámetro de 80% para el país y 20% para la transnacional para poner ese 80% en favor de las transnacionales petroleras.[3] Además, de los pocos recursos que hubiesen quedado en el  país se los tendría segregados para alimentar el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP). Un fondo impuesto por el neoliberalismo exclusivamente para pagar la deuda, comprándola en el mercado secundario con sobreprecio respecto a la cotización que resultaría si no habría la garantía de la obligación de ese fondo de alimentar la demanda.

 

La Ley 42 de marzo de 2006 ha sufrido una sospechosa supresión por parte de los medios de comunicación y también de parte de la academia y los intelectuales. Representó, cuando finalmente se cobró (¿Qué pretextos tendrán los Ministros de Energía para no cobrarla desde marzo del 2006 hasta noviembre de 2007?), el 9.5% del PIB; es decir más de 2 veces todo el impuesto a la renta, lo cual permitió elevar la inversión pública de un promedio del 3% al 5% del PIB de las 3 décadas previas al 13.9% en el año 2008 (único año en que se cobró completa porque luego se cambió la modalidad de contrato petrolero de los de “participación” a los de “prestación de servicios”).[4] 

 

Solo la acción de la Ley 42 permitió que sea el país, y no solo las transnacionales, quien se beneficie del aumento de los precios del petróleo (conforme la Ley de Hidrocarburos lo disponía pero que algunos contratos desobedecían). A eso se debe agregar que la eliminación del FEIREP se tradujo en ingresos para hidroeléctricas, puentes, carreteras, hospitales, escuelas y no en mejores precios para los especuladores tenedores de bonos de la deuda ecuatoriana en el mercado secundario de Wall Street, como antes. 

 

El anatema teórico a la sustitución de importaciones frenó una estrategia más audaz en ese campo, aunque el país debe extraer importantes lecciones positivas de las experiencias puntuales entre 2007 y 2009, luego con las salvaguardias impuestas por urgencias de balanza de pagos. De manera más sistemática, también se muestran resultados significativos aunque parciales en el fortalecimiento de encadenamientos internos con el cambio de la matriz energética y, en menor medida, con la más general transformación de la matriz productiva.

 

Pero estos esfuerzos no son suficientes. Los efectos amplificadores internos obedecen a la dinámica de expansión y densificación del mercado interno. Un vector fundamental, aunque no único, tiene que ver con la política laboral y la redistribución del ingreso. Pueden hacerse serios cuestionamientos a ciertos aspectos de la política laboral del gobierno anterior, sobre todo en lo referente a los derechos a la sindicalización de los empleados públicos, pero es incuestionable el papel fundamental que tuvo en la nueva dinámica económica la eliminación de la terciarización y la precarización, la transformación del trabajo sin plazo como contrato tipo, la eliminación del trabajo infantil, las mejoras sistemáticas en el trabajo domestico y de sectores artesanales, agrícolas, así como de la pequeña y mediana empresa. A todo esto se suma una política salarial y sectorial que permitió más que duplicar en términos reales el salario mínimo vital, reducir las brechas que pueden ser controladas institucionalmente (las brechas de género y la discriminación étnica responde a relaciones heterárquicas de otra complejidad).

 

La incapacidad dinámica del capital privado para generar empleo compatible con los ritmos demográficos y el potencial de nuestros países se ha vuelto patético en casos como los de Ecuador en los que no solo que el Empresario Schumpeteriano brilla por su ausencia, sino que buena parte de las empresas desaprovecharon la mesa servida que representaba esa ampliación del mercado interno, que en otras circunstancias hubiera abierto enormes posibilidades para lo que Fajnzilber llamó “núcleos endógenos industrializantes”.[5] 

 

Otras políticas de redistribución de ingresos y de atención a las necesidades básicas, con importantes consideraciones territoriales contribuyeron también a dinamizar nichos de mercado deprimidos por décadas o virtualmente inexistentes. Lastimosamente, las limitaciones de la cultura de emprendimiento en el país y de la política de fomento productivo impidieron que esas oportunidades se expresen en instalación de capacidades productivas superiores (en unidades grandes o pequeñas, capitalistas o no) y que fuguen muchos de los multiplicadores vía importaciones.

 

De cualquier modo, los pobres del campo y la ciudad compran más a los pobres del campo y la ciudad que otros segmentos, así que los recurrentes efectos multiplicadores han venido operando en el margen que les dejaban las importaciones. Ojalá se hubiera dado un énfasis más sistemático a una mejor articulación de la economía popular al mercado como los logros de más de 800 millones colocados en las compras públicas o los más de 1.400 millones colocados en las perchas de los supermercados en un par de años al amparo del Manual de Buenas Prácticas Comerciales para Supermercados emitido por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado en noviembre de 2014, así como a las 460 y pico asambleas productivas, las innumerables ferias ciudadanas, las rondas de negocios, Super Tienda Ecuador, etc.

 

Todas estas experiencias muestran contundentemente que es posible generar tejido productivo desde el territorio y desde la comunidad en plazos cortos, en lugar de que esos recursos se vayan a importaciones, no solo agravando la situación de balanza de pagos y fugando multiplicadores, sino también desapareciendo físicamente liquidez de la economía ecuatoriana, en especial de aquellos circuitos más vulnerables, con mercados más delgados y menos diversificados.

 

El país necesita estabilizar y consolidar esos incipientes brotes de desarrollo endógeno con una profundización de las transformaciones que permitan viabilizar el nuevo régimen de acumulación. El hiato provocado por la contracción del estímulo redistributivo y fiscal desde 2014 ha generado una confusión temporal en los ánimos sociales que soportan los cambios progresistas, y la falta de debate y producción intelectual ha empobrecido el horizonte de opciones. Sin embargo, los rumbos que se están perfilando, para beneplácito de la oligarquía, grupos económicos y el imperio, podrían generar reveses brutales en la cristalización de las aspiraciones populares.

 

Más allá de las polarizaciones personalistas y las ganancias sectarias, esta sociedad no puede permitirse el regresar a las décadas de decrecimiento, desmantelamiento de capacidades productivas y concentración ulterior de la riqueza e ingreso. Está en juego un siglo de relativa paz social en relación a las trayectorias históricas tan dolorosas de nuestros vecinos, y podría ser que de forma irreversible.

 

La llamada “modernización laboral”, que -en las palabras inmediatamente retiradas del Ministro de Trabajo recién instalado el gobierno de Moreno hace casi un año- incluiría regresar a la 48 horas, la tercerización, la precarización bajo el nombre ahora tachado de “flexiseguridad”, empieza a revelarse como una realidad, violando no solo el Código de Trabajo (que cumple 80 años de vigencia) sino la Constitución de Montecristi y varios tratados internacionales como Convenios con la Organización Internacional del Trabajo, incluso hasta el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Y además se lo hace con meros acuerdos ministeriales emitidos en enero de este año pero solo publicados recientemente.

 

Si a esto se suman las propuestas de privatizaciones, más desregulación comercial y financiera, más intentos de eliminar impuestos a los más ricos (incluyendo el intento de desaparecer las deudas de miles de millones que tienen con el SRI y el IESS que hasta el momento han sido interrumpidos por una incipiente acción ciudadana) despidos masivos y la llamada Ley Trole 3, digna heredera de lo peor de la desinstitucionalización neoliberal, se configura una clara amenaza de recesión auto-inflingida cuando los síntomas alentadores -aunque volátiles- del mercado mundial y la propia recuperación de la tendencia de ya más de una década de crecimiento sostenido (3% para este año) apuntarían hacia una posibilidad mucho más prometedora.

 

 


[1] Para detalles, ver Páez, P. (2003) “Financial Liberalization, Crisis and National Currency Destruction in Ecuador”. En: Regional Integration in Europe and Latin America: Monetary and Financial Aspects. Pierre van der Haegen and José Viñals (eds.) Inglaterra: Ashgate Publishing. 

[2] Ley 2006-42 publicada bajo el gobierno de Palacio en el R.O. 257 de 25 de abril de 2006 que añadió un artículo luego del art. 56 de la Ley de Hidrocarburos para operacionalizar que el Estado participe en al menos el 50% de los ingresos extraordinarios de las compañías debido a aumentos en el precio internacional.

 

[3] Aráuz, L. (2009) Derecho Petrolero Ecuatoriano. Ed. Comité de Empresa de los Trabajadores de Petroecuador. Quito

 

[4] Ver detalles en Páez, P. (2018) Reformas Tributarias y Equidad en Ecuador. FES, por aparecer.

 

[5] Fajnzylber, F. (1983) La industrialización trunca de América Latina, México, D.F.: Editorial Nueva Imagen.


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