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DISPUTAS EN EL REGIMEN

LA DISPUTA DEL SENTIDO TRANSFORMADOR DE LA REVOLUCION CIUDADANA*

Artículo publicado en la Revista La Tendencia No 13, Abril-Mayo,

Por Diego Borja Cornejo

Todo proceso de transformación social lleva en sus entrañas un dinamismo que unas veces aparece como el de un río que fluye sereno y otras como la tormenta en el centro del huracán.

Durante los cinco años de la Revolución Ciudadana, se han podido verificar estos momentos diferentes. El fluir del proceso durante el primer período en el que la mayoría de la población se adhirió a la propuesta de cambio político que condujo a la Asamblea Constituyente y a la aprobación de la nueva Constitución, en septiembre del 2008. El flujo accidentado, con marchas y contramarchas, en el período que, tras la reelección del Presidente Correa en abril del 2009, ha significado el ejercicio del gobierno; e incluso los tormentosos momentos que vivió el país el 30 de septiembre de 2010, con el intento de golpe de Estado.

En este escenario, profundamente dinámico, se libran en el presente las disputas por el sentido de la Revolución Ciudadana en el Ecuador.

 El Contenido de la Revolución Ciudadana

En su contenido simbólico, la Revolución Ciudadana es una propuesta de transformación radical. Alude a la caducidad del viejo régimen político, para el cual encontró incluso un nombre: el régimen de la partidocracia; y propone su reemplazo por uno nuevo, en el que los ciudadanos se expresen y ejerzan de otra manera su mandato sobre las instituciones del Estado.

Alude, también, a la necesidad de alterar el viejo estado de cosas, caracterizado por la inequidad, la injusticia social, la ausencia de democracia, el mal manejo de la cosa pública, la exclusión social, la falta de soberanía nacional y la corrupción.

Son alusiones simbólicas en el discurso del líder de la Revolución Ciudadana, el Presidente Rafael Correa, las cuales han merecido el reiterado apoyo electoral del pueblo ecuatoriano, en las distintas convocatorias que se han realizado a lo largo de estos cinco años de gobierno.

En su contenido programático, la propuesta de la Revolución Ciudadana se ha centrado en el reemplazo del manejo neoliberal de la economía y en la construcción de una institucionalidad estatal acorde con los objetivos de equidad social y territorial y con requerimientos de eficacia y eficiencia en la ejecución de las políticas públicas. También, en su contenido programático, la Revolución Ciudadana ha impulsado políticas y acciones orientadas al ejercicio de la soberanía, en su interlocución con los polos del poder hegemónico mundial.

Como producto histórico, la Revolución Ciudadana es el resultado de las luchas sociales que en los diez años previos a su instauración cuestionaron de manera radical, en algunos momentos con mayores niveles de movilización, la propuesta neoliberal y la pérdida de legitimidad de la democracia representativa en el Ecuador. En tal sentido, es la culminación de la etapa de las olas ciudadanas, que se movilizaron contra la descomposición del gobierno del PRE, el atraco bancario de 1999, la depredación de la moneda nacional y el empobrecimiento masivo del año 2000, el impulso de los Tratados de Libre Comercio, la apropiación transnacional del excedente petrolero, y el entreguismo neoliberal del gobierno de Lucio Gutiérrez, al que llevo al trasto el movimiento forajido del 2005. La Revolución Ciudadana, hace parte de la corriente social que en América Latina ha dado lugar a la emergencia de gobiernos nacionalistas, democráticos y populares.

En este espacio histórico, la Revolución Ciudadana expresa, al mismo tiempo, la fuerza simbólica de la transformación radical del viejo régimen; y la complejidad de la representación política de un movimiento social caracterizado por una multitud de visiones, intereses, prácticas e identidades heterogéneas e incluso contradictorias.

 

El proceso político en el Gobierno de la Revolución Ciudadana

En los cinco años de la Revolución Ciudadana se alteró el viejo sistema de representación política, cuyos vehículos, los partidos políticos de la llamada partidocracia, experimentaron una debacle de tal magnitud que los llevó a su virtual desaparición del escenario. En este período se redactó y aprobó la nueva Constitución que amplió y consagró derechos avanzados de los ciudadanos, incluyendo derechos de la naturaleza –del ambiente-; y se configuró una estructura estatal fundamentada en cinco pilares: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral y el poder ciudadano. Este proceso se asentó en una significativa movilización de la sociedad organizada a través de las más variadas formas, en torno a los más variados intereses. Constituyó, desde esa perspectiva, un ejercicio social de ampliación y profundización de la democracia representativa y de otras formas de democracia, incluyendo la participativa y deliberativa, con distintos niveles de profundidad, en los distintos momentos, a lo largo del proceso.

Sin embargo, este proceso, cuyo espíritu crítico marcó el período y el texto constitucional, rápidamente fue convergiendo en una estructura estatal, donde la movilización – que nunca alcanzó ribetes espectaculares-,  fue reemplazada por una institucionalidad tecno – burocrática, alejada de la lógica de la organización y movilización social, y del objetivo de profundizar el Poder Ciudadano, al que alude, en términos simbólicos, la Revolución Ciudadana.

Cinco años después, la democracia representativa ha vuelto a ocupar un lugar central en el sistema de representación política, en el marco de la reorganización de los partidos políticos y con la clara preeminencia del partido de gobierno: Alianza País. La alusión al poder ciudadano, que habría de estructurarse sobre la base de la democracia profunda, participativa, ampliada, deliberativa, ha quedado en la esquina del discurso simbólico, sin ninguna concreción objetiva en los mecanismos de la institucionalidad estatal. Podría decirse incluso que en el propio espacio simbólico el discurso del poder ciudadano, entendido como la ampliación de la democracia, ha perdido relevancia, dadas las continuas alusiones que hace el Presidente al imperativo de ganar elecciones como la única forma de contar con la autoridad moral para poder ser un interlocutor válido del gobierno y representar los intereses de grupos sociales que cuestionan ciertas líneas y acciones de política pública.

En tal sentido, cabe preguntarse ¿por qué el Presidente Correa, que ha contado con el mayor apoyo popular de forma continua y que ha formulado una crítica radical de la organización política, económica y social en el Ecuador, no ha impulsado la organización y participación popular como soporte básico de su propuesta transformadora? ¿Por qué, no se da salida a la inmensa demanda de organización política que existe en amplios sectores que apoyan la Revolución Ciudadana, como lo muestran las masivas movilizaciones de apoyo durante el primer aniversario a la detención del intento de golpe de estado, el pasado 30 de septiembre en Quito, durante la conmemoración de los cinco años de la revolución ciudadana, el pasado 14 de enero en Cuenca, la marcha de las mujeres del pasado 8 de marzo?

Parecería que se propicia deliberadamente una ruptura entre el gigantesco apoyo que tiene la propuesta de gobierno del Presidente Correa –sobre todo entre los ciudadanos más pobres del Ecuador-, y el impulso de su organización política y de su participación movilizada. Parecería que el Presidente Correa ha escogido una linea de acción que privilegia la representación de esa multitud –favorable en términos electorales a la Revolución Ciudadana-, más no su expresión directa, a través de nuevos mecanismos –de organización política, de presencia institucional, de expresión de actores sociales en el campo de la lucha simbólica con las grandes empresas de la comunicación, etc-, que permitan la profundización de la democracia, en sus contenidos participativos y deliberativos. En los hechos la voluntad de movilización de muchos sectores comprometidos con la propuesta del gobierno se restringe al objetivo de contar con un mecanismo necesario para dar la batalla electoral, pero que aun no logra trascender hacia nuevas formas de expresión políticas, indispensables para un proceso de transformación.

No obstante, basado en el resultado de popularidad y apoyo al Presidente, según las encuestas, este camino escogido, en el que se representa el sentir popular a través de acciones de gobierno impulsadas por los funcionarios, por la burocracia, es eficaz. Se podría decir que existe sintonía, en muchos aspectos, entre lo que desea el pueblo y la respuesta gubernamental.

Sin embargo, esa sintonía, a veces restringida al estricto campo mediático corre el riesgo de banalizar la política, de convertirla en la sucesión de capítulos de una telenovela, donde hay protagonistas invitados, dentro del reparto permanente; donde se suceden escándalos en apartados auto contenidos, que culminan con el capítulo del día y cuya función, al final, es suplantar el conflicto político necesario en una revolución, por otro más bullicioso, más colorido, pero intrascendente en el curso de un proceso de alteración profunda de la estructura social.

En cualquier caso, esa sintonía, que es un hecho de la realidad, no quita el hecho, también de la realidad, de que no se ha dado prioridad a la creación de nuevos mecanismos que profundización la participación de los ciudadanos, que configuren el poder ciudadano. Cabe aclarar que al aludir a la participación no solo hago referencia a los desgastados mecanismos del asambleísmo, o de los restringidos a las veedurías y contralorías sociales. Me refiero a nuevos y renovados mecanismos orientados hacia la posibilidad inmediata de definir la reproducción material y espiritual de los individuos y las colectividades, del control en las asignaciones de recursos materiales y de los recursos del poder (incluyendo la asignación del tiempo).

El Presidente Correa muchas veces ha cuestiodo la estructura institucional a la cual le ha calificado de rígida, indolente, alejada del sentir ciudadano. En la cumbre Iberoamericana de octubre de 2011, de manera simbólica abandonó el lugar de la reunión el momento en el que el Banco Mundial presentaba un informe. Luego, en ese mismo evento señaló que “la estructura del Estado burgués sigue vigente en nuestros países” y se refirió a las dificultades que entraña pretender hacer una revolución dentro de una estructura “burguesa”.

La pregunta evidente es: ¿por qué si el líder de la Revolución Ciudadana interpreta que hay déficit de participación ciudadana en la Revolución Ciudadana en el Ecuador, no se impulsan acciones políticas –tanto en el gobierno, como en el movimiento de gobierno-, para revertir este déficit?.

En los hechos, la vía popular de configuración del Estado y de la Democracia se ha restringido y subordinado a otra, donde los dictados de una tecno – burocracia, alejada de la dinámica democrática de la sociedad y encumbrada en los nuevos espacios de la institucionalidad estatal, marca los ritmos del proceso, muchas veces a despecho de uno de los atributos de la Revolución Ciudadana que ha planteado el Presidente, como es el de ser rápida. “En la demora está el peligro”, ha señalado muchas veces el Presidente Correa, parrafraseando a Eloy Alfaro, y parte de ese peligro es la preminencia de la vía burocrática, por sobre la vía popular de la transformación en el Ecuador.

En la vía burocrática se mantienen muchos de los viejos contenidos: preeminencia de lo tecnocrático por encima de lo tecno – político;  trastorno de las prioridades políticas de la transformación social; ausencia de poder ciudadano; opacidad institucional; y tras este telón de fondo –o cortina de humo- penetración de los intereses del viejo poder económico y político. Tal es la adscripción de muchos cuadros dirigentes del ejecutivo, donde la figura del Presidente Correa, casi en solitario –aunque con todo el peso de su liderazgo- resguarda el símbolo popular y democrático de la Revolución Ciudadana. Tal es la lógica con la que se impulsa la reorganización del sistema de justicia; de la manera como se estructura y des – estructura el sistema electoral (su gestión y su tribunal);  y como se configura el consejo de participación ciudadana y los organismos que este, a su vez, debe organizar.

Este proceso tiene su correlato en la construcción del movimiento político de gobierno: Alianza País.

Efectivamente, Alianza País en términos legales se ha organizado como un movimiento político, aunque en términos políticos constituye un frente electoral que aglutina a las más variadas fuerzas que han apoyado al Presidente Correa, en los distintos momentos electorales. En su definición programática es un movimiento democrático y progresista. En su definición ideológica se sitúa a la izquierda. En su práctica orgánica aglutina a fuerzas heterogéneas, con variados intereses económicos, sociales y políticos, cuyos más importantes espacios de expresión son la Asamblea Nacional y los gobiernos locales (prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales). Es una organización política, que ante la debacle de los viejos partidos políticos, ha dado albergue a posturas y personajes que cubren el abanico desde la derecha a la izquierda.

Sin embargo, ni Alianza País, ni los otros movimientos y partidos que coinciden en el proceso de la Revolución Ciudadana, han logrado configurarse como organizaciones abiertas a una base política del proceso que determina de forma autónoma sus propios caminos de organización y movilización, en tanto fuerzas portadoras de un proyecto de transformación profunda en el Ecuador. Ha primado la concepción de que es suficiente la preeminencia mediática del líder de la Revolución Ciudadana y que, desde la configuración mediática, se puede representar la demanda política de los sujetos sociales portadores del proyecto de transformación en el Ecuador. Por ello, la vía de construcción del movimiento Alianza Pais, es la de una gran organización, de casi un millón de “adherentes” –que es el nombre que utiliza el código de la democracia-, más que la de un partido orgánico, fundamentado en mecanismos efectivos del poder ciudadano.

En ese sentido, Alianza País es el espacio donde se expresa y resuelve la tensión entre el poder ejecutivo y su representación en la Asamblea Nacional, contribuyendo permanentemente a hacer viable el ejercicio del gobierno a partir de la línea definida por el Presidente. Es más un partido de gobierno, donde su dinámica está marcada por las definiciones que realiza el gran elector que es el Presidente Correa.

Las otras fuerzas políticas que coinciden con la propuesta simbólica de la transformación liderada por el Presidente Correa y que tienen expresión parlamentaria se han sumado a las definiciones que realiza Alianza País contribuyendo a dar viabilidad a las propuestas del poder ejecutivo.

Pero adicionalmente, fuerzas que no coinciden con la propuesta simbólica del Presidente han realizado acciones conducentes a tensionar los momentos de acuerdo político parlamentario, en los cuales la negociación política de los votos en la Asamblea se ha desplazado fácilmente a otros ámbitos de logro, de reivindicaciones para quienes se sienten necesarios para dirimir la votación. Paradójicamente, este proceso ha fortalecido posturas que, sobre todo en el poder ejecutivo, consideran que es innecesario el fortalecimiento de la organización política del gobierno  y que es preferible –“más práctico”- negociar con fuerzas parlamentarias de la más variada postura, sin tener que impulsar un incómodo –desde sus visiones e intereses- proceso de organización del movimiento político. En esta línea de acción se sacrifica, en nombre del realismo político de corto plazo, la configuración de una sólida organización política que sostenga el proceso de transformación en el Ecuador.[1]

A este escenario se añade el alejamiento del gobierno de importantes sujetos del campo popular, como algunos sectores del movimiento indígena, del movimiento obrero, sectores medios de tradición democrática, sectores de la intelectualidad de izquierda, activistas del movimiento ecológico, de género y otros grupos que participaron inicialmente.

Este alejamiento pasó una primera factura electoral al gobierno del Presidente Correa durante la Consulta Popular de abril del 2011. Puesto que, luego de haber ganado consecutiva y ampliamente en todas las convocatorias electorales, en esa ocasión la propuesta del gobierno (el SI en la Consulta) perdió en 12 provincias y en sectores urbanos de Quito, Cuenca y otras ciudades de la Sierra.[2]

Pero más allá de ese primer revés electoral para una propuesta que ha merecido el mayoritario apoyo del pueblo en importantes batallas electorales como la del llamado a Asamblea Constituyente en abril del 2007, la aprobación de la nueva Constitución en septiembre del 2008 y el triunfo del Presidente Rafael Correa en primera vuelta en abril del 2009, este alejamiento merma el soporte de organización y movilización necesario para una transformación democrática profunda, sustentada en el poder ciudadano, en el poder popular.[3]

El proceso económico en el Gobierno de la Revolución Ciudadana

En los cinco años de la Revolución Ciudadana, la más importante modificación en términos económicos ha sido el uso del excedente económico que tiene como fuente la extracción de petróleo. Se dejó de utilizar el excedente petrolero para el pago de la deuda externa, la cual disminuyó de manera importante en el 2009, como resultado de una estrategia de reducción impulsada por el gobierno. En su reemplazo, el excedente petrolero se ha orientado básicamente hacia la inversión doméstica en infraestructura vial,  petrolera, eléctrica y de vivienda; inversión en educación y salud; y crédito hacia sectores empresariales privados y de la economía popular y solidaria.



[1]   Sobre esta postura argumento detalladamente en el documento “Construir la organización política de la Transformación en el Ecuador”,  que presenté para la discusión durante el proceso de organización de la Asamblea de Alianza País que se realizó el 13 y 14 de noviembre de 2010 en la ciudad de Guayaquil.

[2]              A este respecto alertamos en la entrevista realizada por diario El Expreso el 16 de mayo de 2011; y más extensamente en una carta dirigida a la Dirección Ejecutiva de Alinaza Pais del 17 de mayo de 2011.

[3]              A este aspecto me refiero en la carta pública enviada al Presidente Rafael Correa el 9 de diciembre de 2011. Ver www.poderciudadano.ec

 

En la misma dirección del uso del excedente petrolero se ha orientado la nueva deuda externa y la inversión extranjera, donde ha adquirido una significativa presencia la que proviene de la República Popular China.

Este cambio cuantitativo se ha expresado en un importante crecimiento de la economía –incluyendo el año 2009, año de la crisis internacional- y con ella de los beneficios y ganancias de los bancos y los empresarios de las telecomunicaciones, la industria, la construcción de vivienda, la construcción vial, la agroindustria, las grandes cadenas de comercio al detalle, el comercio importador, la publicidad, etc. Se ha expresado también en un importante flujo de recursos hacia los sectores medios de las ciudades que han experimentado un incremento de sus ingresos, de sus alternativas de endeudamiento y de su capacidad de consumo. En menor medida, se ha expresado también en un aumento para los productores, con mayor grado de formalidad, del sector rural y de las ciudades medias y pequeñas; y, de forma decreciente, hacia los sectores de la economía popular y las producciones campesinas pequeñas.

Mientras mayor era la participación en la torta antes, mayor lo es ahora!

Sin embargo, el cambio cuantitativo en el uso del excedente petrolero no ha conducido a una modificación de la estructura productiva del Ecuador.

La estructura agraria, con sus características de inequidad, exclusión, postergación, atraso, se mantiene. La Revolución Agraria, como propuesta sustantiva de cualquier transformación democrática, de cualquier reivindicación democrática, ni siquiera consta entre los ejes programáticos de Alianza País y menos aun del gobierno.  La Ley de Tierras sigue siendo una asignatura pendiente luego de casi 4 años de vigencia de la nueva Constitución. Evidentemente este es un espacio sustantivo de disputa democrática al interior del Gobierno de la Revolución Ciudadana.

El espacio de la economía popular y solidaria, consagrado constitucional y legalmente, a pesar de que agrupa a una gran parte del empleo, sigue siendo extremadamente limitado en términos de su participación en el total del producto, el ingreso, el crédito público y privado y el apoyo institucional. Iniciativas como la del dinero móvil, que fue impulsado por la anterior dirección del Banco Central del Ecuador, que se orientaba a beneficiar a la mayoría de la población a través de los canales del sistema de finanzas populares y que se articulaba, en el nivel doméstico, con la propuesta de la Nueva Arquitectura Financiera Regional, ha sido reemplazada, desde la nueva dirección del Banco Central del Ecuador, por una propuesta de “banca móvil” restringida al beneficio de la banca privada.[1] Al dejar de lado iniciativas como la banca de segundo piso para el sector de finanzas populares, a través del Banco Nacional de Fomento, se ha limitado la asignación democrática –para productores pequeños, cooperativos, comunitarios, asociativos, etc.- de los recursos de la reserva internacional, que adecuadamente se vienen colocando en la economía doméstica, desde diciembre del 2009.



[1]              Al respecto hago también varias referencias en la carta al Presidente de la República, citada anteriormente.

La Reforma Urbana, que tiene que ver con una regulación democrática del uso del espacio urbano –no solo del suelo, sino del crecimiento hacia arriba de las ciudades-; con un adecuado tratamiento de la contaminación vehicular y de los sistemas de transporte público; con el uso del espacio público; y con problemas de gravedad social extrema como la seguridad ciudadana, es una asignatura pendiente.

Se ha mantenido inalterada una estructura productiva, marcadamente oligopólica, con bajos niveles de agregación de valor, restringida por la capacidad de demanda de la población –donde de acuerdo a cifras oficiales un millón ochocientos mil hogares reciben el bono de desarrollo humano (USD 35 mensuales)-, con alta dependencia de mercados externos, golpeados además por la profunda crisis del capitalismo.

En este escenario, de mantención del viejo estado de cosas en cuanto a la estructura productiva, los viejos grupos económicos han fortalecido su poder. No se ha generado una nueva burguesía emprendedora, alejada de las viejas prácticas oligárquicas; menos aun, nuevos grupos de productores dispuestos a desafiar las conductas rentistas, especulativas y conservadoras del capital.

Se ha fortalecido, más bien, a sectores de la vieja burguesía, que al haber obtenido sustantivos beneficios derivados de la inversión doméstica del excedente petrolero, pugnan por mantener el modelo extractivista, a partir de su conservadora maximización del beneficio de corto plazo.  A su vez, este poder económico acrecentado, ha fortalecido sus mecanismos para disputar el sentido del gobierno de la Revolución Ciudadana, incidiendo en los espacios, los lineamientos y las acciones de política, donde se disputa la asignación de los recursos económicos y los recursos del poder.

¿Cuál es el mayor riesgo? Que en el esfuerzo de mantener el contenido simbólico de la Revolución Ciudadana, el Presidente Correa insista en un discurso político que alude a la transformación profunda de la sociedad, pero que no encuentra concreción ni en la ampliación de la democracia, ni en la modificación de la estructura productiva y ni en la constitución del poder ciudadano. Esto puede conducir a la merma del apoyo político y electoral a la propuesta de la Revolución Ciudadana y en ese contexto, a las acciones desestabilizadoras de enemigos, no menores, que ya se expresaron el 30 de septiembre del 2010. Pero aun peor que lo anterior, puede conducir a la pérdida de la oportunidad histórica de llevar adelante una transformación que implica cambios cuantitativos –como algunos que se hallan en curso-, pero sobre todo cambios cualitativos, todavía en ciernes.

¿Cuál es el desafío? La rearticulación de un amplio polo social y político de contenido nacionalista, democrático y popular, dentro y fuera del gobierno de la Revolución Ciudadana, dentro y fuera del movimiento político de gobierno: Alianza País, que de fundamento a la transformación social en el Ecuador y que dispute el sentido transformador de la Revolución Ciudadana a las fuerzas del viejo régimen que actúan dentro y fuera del gobierno.

En esa disputa del sentido de la Revolución Ciudadana es indispensable la construcción de la organización política de la transformación. Es una ingenuidad, que termina haciéndole el juegue a los intereses del viejo régimen, el suponer que es suficiente con la presencia mediática del líder del proceso, para impulsar un proceso transformador. Es indispensable la organización política, como el espacio donde se organiza la conciencia y la acción del proceso de transformación.

Esto pasa por el reconocimiento, por parte del líder de la Revolución Ciudadana, de posiciones, corrientes y tendencias, aliadas históricas del proceso de  la Revolución Ciudadana y de todas las posturas que, dentro del movimiento Alianza País construyen la organización y movilización de los sujetos de la transformación en el Ecuador. En esta línea, no ha perdido vigencia la propuesta del partido – frente, como el modo de darle forma a la organización y participación de todas las voluntades que convergen en la necesidad de construir la organización política de la transformación y como la respuesta para trascender el limitado espacio de un movimiento político adscrito solamente a la dinámica que requiere el ejercicio del gobierno.


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    Comunicadora, poeta, cientista social con experiencia en asesoría política y  proyectos de desarrollo.
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    Es una joven abogada esmeraldeña vinculada a la dirigencia estudiantil, al trabajo comunitario con jóvenes y mujeres. 

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    Es un economista y líder político ecuatoriano.  Es el actual Secretario Económico de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –ALBA-.
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