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La democracia europea se está jugando en Grecia

Por Diego Borja Cornejo*

El Primer Ministro de Grecia, Alexis Tsipras, convocó a un Referendum para que sea el pueblo griego el que decida si la austeridad que exige el Eurogrupo continúa.

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The banks’ secret behind the Greek tragedy

Maria Lucia Fattorellii

Greece is facing a huge debt problem and a humanitarian crisis. The situation now is many times worst than it was in 2010, when the Troika – IMF, EU Commission and ECB - imposed its "bailout plan", justified by the necessity to support Greece. In fact, such plan has been a complete disaster for Greece, which has had no benefit at all out of the peculiar debt agreements implemented since.

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Grecia: entre la democracia económica y el ajuste neoliberal

Por Diego Borja Cornejo

Igual que sucedía en muchos países de América Latina, durante las décadas de los ochenta y noventa, sobre todo, buena parte del futuro económico de Grecia no depende de las autoridades democráticamente electas, sino de poderosos burócratas del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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La izquierda crítica al correismo: memoria yresponsabilidad

Por Diego Borja Cornejo

José Hernádez hace una crítica fuerte y descarnada a la izquierda que ha marcado sus diferencias con el correismo. Esto contribuye a la izquierda y a la democracia. A la izquierda porque le obliga a mirarse no solamente desde su propio ombligo, sino a mirarse en el espejo de la sociedad en la que se perfilan, como cicatrices, los trazos del régimen político conducido por el correismo. A la democracia, porque contribuye a poner en cuestión el modelo de democracia y de Constitución que surgió como diseño y realidad del proceso Constituyente.

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Pedido de Consulta Popular de Democracia SI

Quito, martes 9 de diciembre de 2014

Señor doctor:
Patricio Pazmiño Freire
Presidente de la Corte Constitucional

Asunto: Petición de dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de preguntas propuestas para una consulta popular dirigida a garantizar la permanencia de normas constitucionales vigentes, aprobadas por la Asamblea Constituyente y expedidas en las urnas por la soberanía popular.

De mi consideración:
Yo, Iván Marcelo Larrea Cabrera, titular de la cédula de ciudadanía No.1706683479, periodista de profesión, domiciliado en el Cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha, en ejercicio de los derechos garantizados en la Constitución de la República del Ecuador expedida el 2008, comparezco ante su autoridad con la siguiente exposición y petición de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:
Bajo el amparo del inciso cuarto del Art. 104 de la Constitución que establece que: "La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto", en concordancia con el Art. 95 que señala: "Las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. ... La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria", solicito a la Corte Constitucional emitir el dictamen previo de constitucionalidad, previsto en el último inciso del Art. 104, sobre las preguntas que en esta exposición formulo (Anexo No. 1. Considerandos y preguntas), para que se convoque a una Consulta Popular en defensa de la plena vigencia de las normas constitucionales que se encuentran amenazadas y en grave peligro por un proyecto de enmiendas actualmente en trámite en la Asamblea Nacional.
El propósito es que el pueblo en las urnas mediante una Consulta Popular, ratifique los siguientes artículos vigentes de la Constitución de la República; artículo 114, artículo 144, artículo 229, artículo 326, artículo 384, artículo 104, artículo 158, artículo 211, artículo 212, artículo 261, artículo 264, que se pretende sean reformados, retrotrayendo la evolución jurídica del país al pasado, a normas del siglo XX, del siglo XIX e incluso del siglo XVIII y anteriores.
Lo hago porque el pueblo ecuatoriano demandó una Asamblea Constituyente el año 2006, en una Consulta Popular se pronunció mayoritariamente por la instalación de una Asamblea Constituyente el 2007, luego de que ésta fue electa y su texto discutido y aprobado, sancionó la Constitución actual el 2008 en referéndum, con su voto, en ejercicio de su soberanía.
Lo hago porque en todas las ocasiones en las que quienes han ejercido el poder han pretendido perpetuarse en el mismo a través de la reelección, el pueblo ecuatoriano ha escrito páginas gloriosas de la historia, ratificando los principios republicanos y democráticos establecidos en la épica independencia de la monarquía española. Así lo hizo cuando puso fin a la hegemonía política del General Juan José Flores en la revolución de 1845 y de Gabriel García Moreno, en acontecimientos que abrieron las puertas a la revolución de 1895.
Lo hago en consecuencia con la historia revolucionaria de nuestra nación, con el carácter garantista de la Constitución vigente, con el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos establecido en el Art. 61, numeral 1, en concordancia con el Art. 3 numeral 1, que establece como deber primordial del Estado, el "Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución...". Considerando que es fundamental garantizar igualdad de condiciones sin favoritismo ni discriminación alguna en todos los procesos electorales, y que la reelección indefinida crea claras condiciones de favoritismo a quienes en ejercicio del poder pretendan ser reelectos, discriminando a todos los otros y otras ciudadanas que aspiren ser electos, estimo esencial proteger y ratificar el texto de los Artículos 114 y 144, que establecen la reelección por una sola vez.
Lo hago porque las Fuerzas Armadas creadas por Eloy Alfaro, fueron establecidas para proteger la soberanía y la integridad territorial, y no puedo aceptar que su misión fundamental se cambie por el concepto de "integridad nacional", divirtiéndoles de su responsabilidad territorial y además, se pretenda someterlas a la condición de un órgano accesorio de las funciones específicas de la Policía Nacional, aspecto que advierte el peligro de institucionalizar un régimen policíaco militar que pondría en grave riesgo a los derechos humanos, sociales y democráticos de toda la ciudadanía, por lo tanto considero indispensable proteger y ratificar el texto íntegro del Art. 158.
Lo hago porque la comunicación es un derecho humano consustancial, como lo definió el mismo Eloy Alfaro, no un servicio público a ser tutelado por el Estado como pretende la enmienda del Art. 384, introduciendo un concepto que actualiza en el Ecuador del siglo XXI, la perspectiva fascista de la Ley de Prensa emitida por el Generalísimo Francisco Franco en 1938 en España. La enmienda propuesta viola la sección tercera del Capítulo Segundo de la Constitución que establece los derechos a la comunicación e información, entre ellos el derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información, así como los derechos de los periodistas al secreto profesional y la reserva de la fuente, construidos en el siglo XIX, para garantizar el derecho de la sociedad a la información. Viola el Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Atenta, entre otros aspectos inclusive contra el derecho de las personas individual o colectivamente a crear medios de comunicación social, derecho garantizado en el numeral 3 del Art. 16, pues la misma Constitución en su Art. 225, establece que el sector público comprende a las funciones del Estado, a las entidades creadas por la Constitución, la Ley o acto normativo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la prestación de servicios públicos, lo cual usurpa el derecho ciudadano a crear medios de comunicación. Por lo expuesto el Art. 384 debe ser protegido y ratificado.
Lo hago porque defendemos la herencia heroica de los mártires del 15 de noviembre de 1922, quienes en Guayaquil entregaron su vida en la lucha contra el manejo corrupto de los recursos públicos, gesta que inspiró la Revolución Juliana de 1925 y la creación de la Contraloría General del Estado, como órgano independiente y ciudadano de control del uso y gestión de los recursos públicos. No puedo reconciliarme con la mutilación de sus competencias, que implica el retorno al pasado de hace un siglo atrás, a un tiempo en el que la administración descontrolada de los recursos públicos que pertenecen a todos y no son propiedad privada de quienes transitoriamente ejercen el poder permitió la corrupción y la impunidad. Consciente de que mutilar las competencias de la Contraloría, finalmente sólo favorecerá a la corrupción y lesionará gravemente a la sociedad, me pronuncio por proteger y ratificar los Arts. 211 y 212.
Lo hago porque los derechos a la protección por el Código del Trabajo, de los obreros y obreras del sector público, y de las empresas con mayoría accionaria del sector público, son inalienables y fueron defendidos en la lucha contra las dictaduras militares de la década del 70, que restablecieron la actual democracia en 1979. Los artículos 229 y 326 numeral 16 en la Constitución aprobada el 2008, deben ser protegidos y ratificados, frente a una enmienda propuesta que constituye un retorno al pasado en el que las obreras y obreros del sector público excluidos en forma discriminatoria del Código del Trabajo no tenían derechos laborales.
Lo hago porque las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, son el resultado del bregar por siglos de la sociedad ecuatoriana por superar formas coloniales de centralización del poder y discriminación territorial, étnica y social, porque la ciudadanía en su conjunto hoy demanda un país democrático, plurinacional, intercultural, socialmente inclusivo, territorialmente equitativo, capaz de superar toda forma de marginalidad y exclusión. No encuentro motivación honesta para que sean enmendados los artículos 261 numeral 6 y 264 numeral 7, que garantizan las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud, educación y de los espacios públicos para el desarrollo, social, cultural y deportivo, por lo tanto considero que deben ser protegidos y ratificados.
Lo hago porque la soberanía radica en el pueblo, es el pueblo la única fuente auténtica y legítima del poder y es inadmisible aceptar que se cercene su derecho a preguntarse mediante consulta popular lo que considere pertinente, por lo cual es necesario ratificar el Art. 104 de la Constitución, en particular la primera frase de su inciso cuarto.
Lo hago porque la capacidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para consultar a los ciudadanos los temas de interés de su jurisdicción, es un paso adelante en los derechos de los ciudadanos a decidir en forma soberana sobre los temas de interés específico en sus territorios, lo que implica insistir en ratificar el inciso tercero del Art. 104 de la Constitución.
De conformidad con el inciso cuarto del Art. 104 y con el último inciso del mismo artículo, solicito el dictamen previo de la Corte Constitucional que usted preside, sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas, expresamente formuladas para proteger y ratificar la permanencia y plena vigencia de las normas constitucionales citadas. Al hacerlo solicito observar rigurosamente el numeral 4 del Art. 76 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que expresamente establece su obligación de garantizar el control abstracto de la constitucionalidad regido por el siguiente principio que cito textualmente:
Art. 76 numeral 4: "Permanencia de las disposiciones del ordenamiento jurídico.- El examen de constitucionalidad debe estar orientado a permitir la permanencia de las disposiciones del ordenamiento jurídico".
Subrayo: La Corte Constitucional conoce que la principal norma del ordenamiento jurídico de la República es la Constitución de la República, por lo tanto solicito emitir el dictamen de constitucionalidad de las preguntas que a continuación formulo (Anexo No.1), protegiendo la permanencia de las disposiciones constitucionales. Pido expresamente la observancia de las normas constitucionales y legales vigentes.
Una vez que la Corte Constitucional emita el dictamen previo sobre la constitucionalidad de las preguntas dirigidas a garantizar mediante la convocatoria a una consulta popular, la permanencia de los siguientes artículos de la Constitución: 114, 144, 229, 326, 384, 104, 158, 211, 212, 261, 264, dentro del término de 20 días fijado en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de conformidad a la Constitución y la Ley, procederé al trámite correspondiente ante el Consejo Nacional Electoral, a fin de cumplir todos los requisitos legales para la convocatoria a Consulta Popular para que el pueblo en ejercicio de su soberanía se pronuncie en las urnas.
Atentamente,

Marcelo Larrea Cabrera
C.C. 1706683479

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    Maria Rosa Balseca
    Comunicadora, poeta, cientista social con experiencia en asesoría política y  proyectos de desarrollo.
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    Es una joven abogada esmeraldeña vinculada a la dirigencia estudiantil, al trabajo comunitario con jóvenes y mujeres. 

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    Homero Fidel García 

    Es un joven líder político ecuatoriano. Desde pequeño tuvo conexión directa con el Movimiento Indígena de Chimborazo. 

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    Diego Borja Cornejo
    Es un economista y líder político ecuatoriano.  Es el actual Secretario Económico de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –ALBA-.
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